Neue Rheinischezeitung - Referéndum en Italia sobre naturalización y derechos laborales

Un residente no europeo que no tenga ningún vínculo de matrimonio ni de sangre con Italia debe vivir diez años en el país para poder pedir la nacionalidad.

Con esta votación, impulsada por varios partidos y oenegés, se quiere reducir ese plazo a cinco años, el mismo que rige en otros países como Alemania y Francia.

Los partidarios del sí afirman que hasta 2,5 millones de personas se podrían beneficiar de la reforma, apoyada por la principal fuerza de la oposición, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda).

Pero Meloni, líder del partido Hermanos de Italia (extrema derecha) dijo que está "absolutamente en contra" y las formaciones de su coalición pidieron a los ciudadanos que no acudan a las urnas, pues para que el resultado sea válido hace falta que más del 50% de los electores participen.

Meloni consideró que la actual ley es "excelente" y que Italia es ya "una de las naciones europeas con mayor número de naturalizaciones".

Según Eurostat, Italia otorgó la nacionalidad a 213.500 personas en 2023, lo que la sitúa en el quinto puesto en la UE.

En marzo, el gobierno ya restringió las condiciones de naturalización por derecho de sangre, al limitarla a dos generaciones, algo que afectó a los descendientes de emigrantes en América Latina, y en particular a miles en Argentina.

A partir de ahora, se requiere tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo.

Este referendo no atañe a la ley migratoria que estipula que los niños nacidos en Italia de padres extranjeros deben esperar hasta cumplir los 18 años para pedir la nacionalidad.

- Cuatro leyes de liberalización laboral, en la picota -

Por otro lado, también se vota este domingo y lunes para abolir cuatro leyes de liberalización del mercado de trabajo, una iniciativa impulsada por el principal sindicato del país, CGIL.

Esa organización busca restablecer varias medidas de protección contra contratos precarios, despidos y accidentes de trabajo que fueron eliminadas.

"Queremos revertir una cultura que ha hecho prevalecer los intereses de las empresas sobre los intereses de los trabajadores", explicó a AFP Maurizio Landini, secretario general del sindicato CGIL.

El Partido Demócrata apoya el cambio, aunque mientras estuvo en el poder adoptó algunas de las medidas que se suprimirían, si la iniciativa saliera adelante.

El PD busca recuperar parte del voto obrero. Los sondeos lo sitúan actualmente en un 23% en intención de voto, muy por detrás de Meloni (30%).

A.Menzel--NRZ